SITIO OFICIAL DEL PARTIDO SOCIALISTA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Macri debe responder ante una comisión investigadora conformada por la legislatura y no descartar un pedido de licencia.

El presidente del PS de la Ciudad, diputado nacional Roy Cortina convocó, el pasado 19 de Julio, a una conferencia de prensa, en la que acompañado por el legislador del PS, Julián D¨Angelo, definió, con la presentación de un documento, la posición de su Partido ante el procesamiento del jefe de Gobierno Mauricio Macri. Allí se ratifica que “el Partido Socialista de la Ciudad de Buenos Aires considera fundamental que la Legislatura porteña cite a Mauricio Macri a rendir explicaciones en el marco del funcionamiento de una Comisión Investigadora que se aboque a determinar los alcances políticos de la red de inteligencia ilegal en la que se le atribuye participación”.

El documento en cuestión manifiesta lo siguiente:
El pasado jueves 15 de julio la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento de Mauricio Macri como “participe necesario” en la causa que investiga las escuchas ilegales a diferentes referentes de la oposición, dirigentes como Sergio Burstein, Familiar de Víctimas de la AMIA y a su propio cuñado. Así, ratificó el procesamiento dispuesto por el Juez Oyarbide por los delitos de violación de secretos, abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos en concurso con el de asociación ilícita.

De acuerdo al fallo, Macri habría sido partícipe del armado de una " estructura de inteligencia subterránea" al Gobierno de la Ciudad "y, puntualmente, a su Policía Metropolitana". Asimismo determina que el Jefe de Gobierno fue " quien insertó a James, por medio de la influencia de Palacios, en la administración a su cargo, lo nombró, le dio una retribución y cobertura para que coadyuve al proyecto de la Policía en su vertiente paralela y encubierta de la producción de inteligencia prohibida".

Finalmente, la Justicia consideró que Macri conoció y prestó su consentimiento para instalar un aparato de inteligencia prohibido, del que se habría servido y que “el funcionamiento de este aparato, su actuación y procedimientos de acción, fue tolerado y consentido por el Jefe de Gobierno”, “lo que lleva a ratificar que ocupó un rol en la asociación ilícita”

La profundización de la grave crisis institucional que afecta a nuestra Ciudad desde hace casi un año es responsabilidad absoluta de un gobierno que sigue negando la realidad, apelando a las excusas más sorprendentes y denunciando las persecuciones y conspiraciones más inverosímiles, mientras avanza una causa judicial sobre delitos concretos y objetivos, que por primera vez ha terminado con el procesamiento de un Jefe de Gobierno confirmado por cuatro jueces y dos fiscales en diferentes instancias judiciales.

De esta forma, con argumentos pueriles, se pretende eludir la responsabilidad del Jefe de Gobierno ante la Justicia, ampliando su marco de alianzas electorales o intensificando su campaña presidencial y pretendiendo comparar este procesamiento con las falsas acusaciones de las que en su momento fueron víctimas Enrique Olivera, Luis Juez o Francisco de Narváez, pero obviando que ninguno de ellos llegó siquiera a ser citado a declaración indagatoria.

Es de destacar, asimismo, que esta escalada del escándalo desatado a partir de la instrumentación de un aparato de inteligencia en la Ciudad no se trata de un caso aislado, sino que guarda una coherencia con hechos suscitados aún antes de esta crisis, como fueron los casos de funcionarios que debieron renunciar cuestionados por sus posicionamientos ideológicos afines con la dictadura militar, como el titular de la Agencia de Control Comunal Federico Young, el abogado de la procuración Pedro Florido o el Ministro de Educación Abel Posse, así como el caso más resonante del propio “Fino” Palacios fuertemente cuestionado, ante su designación, por diversos sectores políticos y sociales, por estar acusado de encubridor en la investigación de la causa del atentado de la AMIA, por estar procesado por su rol en la represión policial de diciembre de 2001, por su vinculación con desarmaderos ilegales de automóviles, y por negar el terrorismo de estado en un polémico libro de su autoría.

Ante este escenario el Partido Socialista de la Ciudad de Buenos Aires considera fundamental que la Legislatura porteña cite a Mauricio Macri a rendir explicaciones en el marco del funcionamiento de una Comisión Investigadora que se aboque a determinar los alcances políticos de la red de inteligencia ilegal en la que se le atribuye participación.

Asimismo, teniendo en cuenta que un procesamiento firme por delito doloso de acción pública es causal de destitución para los legisladores porteños, de acuerdo a lo establecido en nuestra Constitución, resulta lógico, y sería conveniente para la salud institucional de la Ciudad, que, al menos, el Jefe de Gobierno haga uso de licencia hasta que se aclare su situación procesal.

Del mismo modo apelamos a la responsabilidad que debería asumir el bloque del oficialismo del PRO en la Legislatura como primera minoría parlamentaria para no entorpecer ni obstruir las resoluciones legislativas necesarias que permitan echar luz sobre una causa tan sensible a los porteños, como ser el procesamiento de su Jefe de Gobierno por gravosos delitos penales.

Desde el Partido Socialista asumimos la responsabilidad de actuar de manera consensuada con toda la oposición y con la firmeza y responsabilidad que esta situación requiere.
Buenos Aires, 19 de julio de 2010

Dip. Nac. Roy Cortina Presidente del Partido Socialista de la Ciudad de Buenos Aires.
Adriana Rodríguez Integrante del Comité Ejecutivo Nacional PS
Verónica Gómez Integrante del Comité Ejecutivo Nacional PS
Dip. Julián D’Angelo Pte. Bloque PS- LCBA e Integrante del Comité Ejecutivo Nacional PS

Integrante del